El proyecto se inició en febrero por el lapso de un año, con el objetivo de mejorar marcos de política y marcos regulatorios e institucionales en el sector servicios y en los subsectores identificados por el Gobierno (servicios logísticos, servicios de contabilidad y teneduría de libros, servicios de ingeniería y servicios de computación y servicios conexos), para maximizar ganancias de desarrollo derivadas del sector servicios y del comercio de servicios.
